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Democracia del conocimiento

 16/04/2012

La crisis de la deuda que afecta a Europa y con gran dureza a España está sirviendo para poner en cuestión, entre otras cosas, la sostenibilidad del sistema público de enseñanza y, de forma más acentuada en las últimas semanas, el sistema universitario. Los argumentos que se esgrimen son de índole económica: se trata de administrar mejor los recursos para alcanzar mayores niveles de excelencia con menor inversión. Sin embargo, el sistema público de enseñanza no es un “holding”, ni puede ser tratado como tal: los problemas no se resuelven cerrando “empresas”, despidiendo “empleados” o vendiendo “ramas de negocio”. Se olvida que la democratización del conocimiento es el instrumento básico para la construcción de un sistema democrático real, y que la precarización de la enseñanza pública en sus primeras fases y la privatización o mercantilización de la enseñanza universitaria van en la dirección contraria a una mejora de la calidad democrática de nuestras sociedades.

Es legítima la realización de análisis e informes que ofrezcan un diagnóstico de las disfunciones, carencias y duplicaciones del actual sistema, y la apertura de debates que contribuyan a aportar ideas y proponer medidas de racionalización y mejora. Pero unas y otros deben hacerse desde un compromiso democrático inequívoco, y no aplicando criterios técnico-empresariales. Porque las decisiones “técnicas” en el ámbito social (y la economía es social) se toman desde una pretensión de neutralidad política imposible: tratan en vano de esconder una ideología que se hurta al debate.  

El conocimiento puede ser entendido como principio de progreso, pero también es un principio de liberación. El conocimiento no sólo nos aporta representaciones, modelos y técnicas para la transformación y mejora de la realidad física y social, también nos empodera para decidir sobre el sentido de esas transformaciones y lo que entendemos por “progreso”. Reducir el conocimiento a su dimensión pragmático-productiva aboca a lo que Paulo Freire denominó ya en 1970 “educación bancaria”. La Pedagogía del oprimido apareció en fechas decisivas para América Latina, cuando la región comenzó a sufrir el embate del liberalismo económico, revelado por “técnicos” norteamericanos a quienes no sólo no les repugnaba, sino a quienes más bien les interesaba colaborar con regímenes dictatoriales y embrutecedores. Entonces, como ahora, era preciso defender una concepción liberadora de la educación, una democracia del conocimiento.

Aunque Freire escribió su libro pensando básicamente en la relación pedagógica básica (maestro-alumno), podríamos proyectar sus ideas al ámbito social e institucional, incluido el universitario. En un esquema de educación bancaria, el sistema, a través de los maestros en cuanto figuras de autoridad, deposita en los estudiantes un conocimiento que se va acumulando en proporciones variables. La inversión de conocimiento dependerá de los beneficios que el sistema espera obtener a medio o largo plazo: si un estudiante se presenta como una inversión atractiva, puede beneficiarse de mayores depósitos y, eventualmente, llegar a convertirse él mismo en un maestro. De la misma manera, si un grupo de estudiantes por el tipo de enseñanza que cursan, ofrece garantías de rendimiento, gozará de mayores inversiones. Obviamente, los criterios para decidir el atractivo de la inversión no sólo dependen del talento y del esfuerzo del estudiante o del grupo, sino también de su entorno social, su capacidad económica y, sobre todo, su aceptación del sistema. Una vez concebido el conocimiento como mercancía, resulta fácil traducirlo a términos económicos. 

Si el conocimiento debe producir beneficios, las instituciones de transmisión y generación de conocimiento que no los producen de manera directa pasan a ser consideradas “asistenciales”. Puesto que el conocimiento es inversión, sólo aquellos que disponen de recursos para invertir tendrán acceso al mismo. La sociedad sólo invertirá en valores seguros: quien no sea un valor seguro, deberá demostrar su derecho de acceso invirtiendo su propio trabajo, o el de su familia, para ganarlo. Cuando lo consiga, el esfuerzo requerido habrá sido tal que ya no podrá hacerse pregunta alguna sobre el sentido y mucho menos poner en cuestión el sistema al que con tantos sacrificios ha accedido. Para los demás, quedará un sistema asistencial, que cumplirá formalmente con el mandato constitucional y con la declaración de derechos humanos, pero que en nada contribuirá a hacer realidad una sociedad democrática. 

Durante las últimas décadas, la inteligencia universitaria ha sido entretenida en tareas burocráticas abrumadoras y absurdas hasta el punto de olvidar que bajo el proceso de transformación de grados y másteres se escondía la amenaza, ahora ya inminente, de un cambio radical de sistema. Dócilmente, hemos aceptado la progresiva introducción de un sistema productivista: creyendo que avanzábamos en la dirección de una democratización del conocimiento, hemos ido creando las bases para la definitiva mercantilización del mismo. La concepción bancaria de la educación ha llegado a la universidad. Hace años que los profesores y estudiantes universitarios se identifican con una tarjeta bancaria. El asalto al conocimiento, preparado con amabilidad durante años, llega a su momento decisivo. Los mercados no necesitan políticos, tampoco necesitan maestros. Es el momento de reducir el acceso y controlar definitivamente el conocimiento. 

Es cierto que el sistema universitario ha crecido de manera monstruosa, con duplicaciones innecesarias, sistemas endogámicos de selección de profesorado y escasa internacionalización de la investigación. No es menos cierto que las razones de ese modo de crecimiento se encuentran también en presiones locales, inversiones insuficientes o mal planificadas y decisiones políticas contrarias a criterios académicos. Utilizar las deficiencias del sistema actual para justificar un cambio de modelo resulta inadmisible. No es cierto que todos seamos responsables de la situación actual. Y en ningún caso podemos resignarnos a la imposición de un modelo productivista y mercantilista de educación. 

El conocimiento es libre y es liberador. Por medio del conocimiento, niños, jóvenes y adultos enriquecen su capacidad de representar y actuar en la realidad. El conocimiento contribuye a la realización personal, al progreso de la sociedad y de la ciencia, pero también al empoderamiento crítico y a la potencialidad de participación democrática. Las instituciones de enseñanza no son bancos donde se custodia el conocimiento, ni tienen en monopolio del mismo, pues el conocimiento es un bien social; las instituciones de enseñanza son lugares donde el conocimiento circula, se comparte, se contrasta y, por medio de la investigación, se diversifica y se matiza. El sistema público debe garantizar que el acceso al conocimiento no esté cerrado a nadie ni condicionado a sometimientos ideológicos. Y la sociedad debe garantizar las inversiones económicas necesarias para que el sistema funcione. Desinvertir en el sistema público implica inevitablemente ceder la gestión del conocimiento a la iniciativa privada para retornar a un modelo institucionalizado y globalizado de educación bancaria, ya no entendida en sentido metafórico, sino en sentido literal, en el lenguaje que entienden los mercados. 

La democracia del conocimiento se basa en la libertad de acceso al mismo. Las únicas restricciones admisibles son aquellas necesarias para asegurar la sostenibilidad. Las medidas a tomar para que el sistema sea sostenible no pueden ser diseñadas por técnicos, sino ser consecuencia de un debate político (no de los  políticos) y de una negociación social con participación de todos los agentes implicados. La democracia del conocimiento es la base irrenunciable de la democracia. 

José A. Sánchez

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